De nuevo, todo lo sólido se desvanece en el aire

Por: Milén Duarte. ONG CODECIAM.

El pasado 23 de noviembre, se compartió un video donde un científico devela una compleja situación para una de las instituciones más importantes del sistema educacional chileno: «las Universidades han perdido su rol público». Este rol, que pasa tanto por educar a las y los estudiantes como por generar conocimiento para el país, se encuentra, actualmente, doblemente quebrado. No hablaremos de educación. Los estudiantes ya mucho han hablado de la mercantilización y elitización del sistema.

Hablaremos de la generación de conocimiento y el rol de la ciencia en un país que es una «zona de sacrificio» mundial. En Chile, el conocimiento se genera principalmente en las universidades. Son muy pocos y pequeños los centros de investigación que generan conocimiento por fuera del sistema universitario, jugando este sistema un rol protagónico dentro del desarrollo científico del país.

El conocimiento es de utilidad por múltiples razones productivas, de conservación, de participación, siendo una de ellas la posibilidad de aproximarnos a conocer los sistemas naturales y evaluar cómo es que las distintas actividades humanas afectan e impactan estos sistemas y viceversa, elementos centrales en la constitución de nuestra “matriz de desarrollo”.

En Chile, los impactos que generan los proyectos desarrollados por la multiplicidad de empresas que operan en el país se evalúan en el Sistema de Evaluación Ambiental, albergado en el Ministerio del Medio Ambiente, y coordinado directamente por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Una vez que un proyecto es evaluado y calificado positivamente, este se puede ejecutar. La evaluación se trata de estudios ambientales de patrimonio natural y cultural que buscan evaluar las condiciones en que se encuentran los distintos elementos del área donde el proyecto pretende ejecutarse; y los impactos que podría generar el proyecto sobre estos elementos; también, mediante estos estudios, se propone cómo podrían mitigarse o compensarse dichos impactos (pero no se proponen medidas para evitar dichos impactos, en virtud de la conservación de ecosistemas únicos relevantes para todo el pueblo de Chile y por sobre todo para las comunidades que los habitan).

Estos estudios, lejos de la pretensión científica de la objetividad, son financiados por los interesados y ejecutados también por privados, consultoras ambientales que son contratadas por la empresa interesada. Estas consultoras muchas veces se encuentran lideradas por algunos pocos grupos económicos e incluso vinculados -de forma deleznable- con la “clase” política. Por tanto, la objetividad de dichas evaluaciones es, a lo menos, compleja. En algunos casos, estos estudios elaborados por consultoras privadas subcontratan a científicos para corroborar información, o incluso para que realicen los estudios directamente.

En este marco, y en el contexto de un conversatorio por la nueva constitución, el premio nacional de ciencias Dr. Fabian Jaksic comentó que «La mayor parte de las universidades a su vez son cooptadas por las empresas”, y ejemplifica, “Energía Austral, CMPC, Celulosa Arauco, son grandes donantes de las universidades. Entonces cuando a mí me llama el Rector, y me dice, ‘oye en Arauco tienen un problema con un Santuario de no sé qué diablo –yo digo, ¡ah, sí, el Santuario tanto!-, ‘ya bueno, no podemos quedar mal acá. Hazte cargo’. Y yo me hago cargo.”

Esto es grave en tanto probidad del sistema de conocimiento de las universidades, pero es más grave aún ya que da cuenta de la pérdida del rol público de las universidades y las pone en tela de juicio como institución «neutra». Se abre entonces una nueva caja negra; un nuevo desmantelamiento de la fragilidad de las instituciones del país. ¡si, hasta la ciencia está cooptada por el mercado! ¡si, hasta en la búsqueda de las respuestas para las problemáticas de nuestro tiempo rige el valor del dinero por sobre la generación del conocimiento! Y si esto pasa en las universidades otrora estatales, ¿Qué cosas pueden pasar en las universidades privadas (incluyendo las tradicionales privadas como la U. Austral de Valdivia y la U de Concepción, con fuertes lazos con Celulosa Arauco, por ejemplo)?

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Ante la crítica, la propuesta es fundamental. Las universidades debieran recuperar y reconstruir el rol público que la ciudadanía les exige, siendo esto un piso mínimo, avanzando así a un rol de avanzada en la protección del medio ambiente y las comunidades humanas, las que hoy se encuentran desamparadas con el avanzar de los megaproyectos como es el caso de la minería en el norte, las forestales y agroindustrias en la zona centro-sur y las salmoneras en el sur y zona austral del país. Las universidades y sus profesionales debieran tener departamentos especializados en entregar apoyo técnico gratuitos a las comunidades que se encuentren enfrentadas a estos proyectos, financiadas por aportes basales a las instituciones que promuevan el desenvolvimiento de la ciencia de manera transversal, y no solo a las disciplinas que conducen a la acumulación de riquezas.

Hoy en día, las comunidades y todos los actores vinculados a un área que será afectada tienen solo una instancia de enlace con el proyecto, el que se da en un proceso llamado Participación Ciudadana, proceso no vinculante, meramente consultivo o de opinión, por lo que las decisiones no pasan por las comunidades. Son ellas entonces las que se encuentran en una posición desigual ante la brutal avanzada de las empresas y sus proyectos en los distintos territorios, sin herramientas legales que les permitan poder objetar o incluso mejorar las iniciativas en sus territorios.

Ante esta situación, las universidades debieran ser la contraparte técnica de los estudios que las consultoras privadas realizan para las empresas. Esto significa, realizar estudios paralelos que acrediten o no los estudios realizados por los privados, y evalúen también los impactos que estos pudieran generar desde una mirada objetiva. Esto, sumado a una nueva formulación legislativa que aumente las exigencias socioambientales para las iniciativas privadas; como también la incorporación de métodos y medidas robustas para la determinación de los impactos y sus mitigaciones, compensaciones, etc; podría permitir que las universidades y centros científicos sean un aporte real a la toma de decisiones, y tomen el rol público que la situación actual exige.

O se toma este camino, o las universidades serán una más en la lista de las instituciones con baja credibilidad del país. El conocimiento no debería ser parte del sistema privado, ni menos ser cooptado como relató el Dr. Jaksic. El conocimiento debiera ser público y de calidad, al servicio de las personas y no de la riqueza de los mismos de siempre.

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